La frontera de 3.000 kilómetros entre Estados Unidos y México cuenta con 30.000 agentes norteamericanos (es decir, 10 funcionarios por kilómetro), mientras sólo 125 oficiales protegen los límites de 1.000 kilómetros con Guatemala (un policía cada 8 kilómetros).
Un despacho diplomático elaborado por la embajada estadounidense en la capital de México (y que ha sido filtrado recientemente) reveló que EE UU está preocupado por esta situación “dramática”. Según dice el cable, la frontera sur de México sería un territorio de comercio para narcotraficantes y contrabandistas, un punto de tránsito para el tráfico de cocaína, reforzado por una policía ineficaz o corrupta, y una población local que, abandonada por el gobierno, ha decidido aceptar la protección de grupos criminales, como los Zetas (uno de los carteles mexicanos más sangrientos, formado por ex militares). Se les reprochan a las autoridades de ambos países “no trabajar lo suficiente para que se cumpla la ley”, sobre todo por una falta “alarmante” de los recursos más básicos.
Este análisis se basa en la visita de diplomáticos norteamericanos, en octubre de 2009, en los 3 pasos fronterizos entre Guatemala y México: Playa Grande (al oeste), Cobán y San Marcos.
Se observó que los narcos pagaban a las comunidades de Playa Grande para que impidieran el acceso a oficiales y militares. Además, esta zona cuenta con varias pistas clandestinas donde aeronaves cargadas de kilos de cocaína pueden aterrizar sin ser detectados y descargar su droga en camiones que la transportan enseguida a México y Estados Unidos.Cobán es una zona fronteriza marcada por la corrupción generalizada de la policía, que a veces proporciona escolta a los narcotraficantes. Cuando no están relacionados con los narcos, están demasiado asustados para hacer bien su trabajo.
En San Marcos destacan los recursos limitados para vigilar de manera eficaz: por ejemplo, un destacamento naval sólo dispone de dos pequeños barcos para patrullar 125 millas de costa, incluyendo 4 desembocaduras del río que separa San Marcos (Guatemala) del Estado mexicano de Chipas, utilizadas por contrabandistas.
Por su defensa, los oficiales mexicanos y guatemaltecos explican que controlar la frontera es una “hazaña casi imposible” porque carecen de personas y vehículos para poder patrullar la zona. Además, existen unos 43 pasos de frontera “no oficiales” entre México y Guatemala, contra 8 “sí oficiales”, sólo 4 de ellos controlados por policías. También destacan la rivalidad interna entre los cuerpos de seguridad y los problemas de confianza entre las autoridades civiles y judiciales, que no consiguen reunir pruebas para incriminar a los detenidos.
Por otra parte, los narcos se atraen la simpatía de la población de zonas más remotas, porque invierten mucho en infraestructuras públicas y contribuyen en mejoras en respecto al Estado.
Por lo tanto, aun ahora, Estados Unidos desconfía de la capacidad de México para luchar eficazmente contra el narcotráfico. Se saluda el compromiso “sin precedente” del gobierno de Felipe Calderón en su guerra contra los narcos, aunque se reprochan su “preparación lenta” y “aversión al riesgo”. El gobierno mexicano ya ha perdido el control sobre ciertas zonas del país y el ejército dividido se muestra incapaz de vencer a los narcotraficantes. Tras 14 meses, la situación en México ha empeorado, lo que “daña la reputación internacional de México, hiere las inversiones extranjeras y lleva a una sensación de gobierno impotente”.
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